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Hoy, miércoles 5 de marzo, todo el sector veterinario español (y no solo los clínicos) se concentrarán frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid. El objetivo es tratar de conseguir la derogación del Real Decreto 666/2023 y una regulación del medicamento veterinario más ajustada al Reglamento Europeo.
La convocatoria ha sido promovida por la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) y la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) y su principal objetivo es construir un escenario más beneficioso para la práctica veterinaria, que se ha visto dificultada a partir de la puesta en funcionamiento integral de la ley del medicamento.
El RD 666/2023, conocido también como la ley del medicamento, está vigente desde el 2 de enero de 2025. A grandes rasgos, establece nuevas directrices para la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Entre sus disposiciones, destaca la obligatoriedad de que los veterinarios registren electrónicamente todas las prescripciones de antibióticos en el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (PRESVET). El objetivo principal, mejorar la trazabilidad y combatir la resistencia a los antimicrobianos, se ha visto empañado por medidas muy restrictivas, una enorme carga burocrática y sanciones.
En este sentido, la manifestación veterinaria de hoy se centrará, pues, en señalar los problemas del sistema PRESVET y las sanciones desproporcionadas, así como las dificultades de usar antibióticos de forma efectiva con la categorización y las obligaciones actuales. Tras la muerte de la perra Selva, en Galicia, este punto ha ido cobrando más y más fuerza.
El sistema PRESVET, diseñado para monitorizar el uso de antibióticos en animales, ha sido objeto de críticas por parte de los veterinarios.
El sector argumenta y defenderá en la manifestación veterinaria que la plataforma presenta dificultades técnicas y añade una carga administrativa significativa, lo que puede retrasar tratamientos esenciales y afectar negativamente al bienestar animal. Además, la obligatoriedad de registrar cada prescripción en PRESVET conlleva una burocracia innecesaria y un retraso en tratamientos críticos.
En este sentido, se habla de un aumento notable de los tiempos de trabajo diario en tareas que poco tienen que ver con la atención veterinaria y se ha repetido, en innumerables ocasiones, que el sistema presenta fallos y obliga a repetir tareas.
Asimismo, el colectivo ha defendido que el régimen sancionador asociado al incumplimiento de la normativa es absurdo y abusivo. En un inicio, las infracciones por errores o retrasos en la notificación de prescripciones se consideraban muy graves, con multas que oscilaban entre 60.001 y 1.200.000 euros.
Si bien es cierto que esto se ha modificado recientemente, como infracciones como leves (entre 600 y 3.000 euros), el sistema de reincidencia acumulativa podría llevar a que, en caso de repetición, las sanciones vuelvan a ser millonarias. No obstante, el principal problema sigue siendo la incertidumbre legal en la administración de antibióticos, que imposibilita la administración ágil de aquellos de clase C y D. Sin un cultivo, los veterinarios pueden enfrentar multas; si se realiza, pueden llegar tarde a tratar a sus pacientes. A todo ello, se suma un aumento notable de los gastos para las familias, que siguen apoyando y respaldando el sector.
En respuesta a estas medidas, los veterinarios han organizado diversas acciones de protesta. El 11 de febrero, clínicas veterinarias de toda España llevaron a cabo un paro simbólico para manifestar su rechazo al nuevo reglamento de medicamentos, argumentando que afecta negativamente la salud de los animales y la labor de los profesionales.
La manifestación veterinaria del 5 de marzo busca, de nuevo, un llamado de atención para equilibrar la regulación sanitaria. El objetivo es defender una práctica eficiente, centrada en el bienestar animal y viable para el día a día de las clínicas y hospitales, así como para todo el sector. Para ello, además de la modificación del real decreto, se espera poner fin a la burocracia excesiva y recuperar la posibilidad de dispensar medicación (que ha pasado a ser de ámbito farmacéutico). Los organizadores abogan también por reducir el IVA veterinario, una petición tradicional de sector, y una escucha activa por parte de la Administración.
Para seguir leyendo sobre la ley del medicamento, tienes este post.
Para escuchar un resumen, tienes este vídeo.
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