Por qué alquilar con perro sigue siendo tan difícil en España
Hace casi una semana que se nos cayó un pino en la cabeza. Uno muy grande. Y llevo un mes
En Lorca, están en pie de guerra por la gestión de los animales abandonados. La reciente adjudicación del servicio de recogida y gestión de animales abandonados ha generado una controversia que se ha apoderado de las redes sociales. Se denuncia que la empresa Esprineco ha obtenido el contrato (por un importe final de 240.000 euros) con total falta de transparencia y mantiene a los animales en condiciones perjudiciales en sus centros.
De igual modo, colectivos animalistas y partidos de izquierda (IU, PSOE) han apuntado que el Ayuntamiento de Lorca no prioriza el bienestar de los animales, sino que opta por la empresa que ofrezca el servicio al menor costo, sin evaluar su historial en el trato a los animales. Esprineco ya opera en varios municipios de la Región de Murcia y, en el pasado, ha recibido denuncias en Cieza por presuntas deficiencias en bienestar animal. A pesar de estas acusaciones, ha sido contratada para gestionar la recogida y el cuidado de animales en Lorca.
Sus instalaciones en Mazarrón han sido criticadas por no cumplir unos mínimos de bienestar (chapa metálica: hornos durante el verano; ninguna protección para el invierno). Desde Tribu Animalista Ubuntu, también apuntaban cómo el suelo es resbaladizo debido al material, se cuenta con sistemas automáticos de alimentación y los animales pueden pasar casi las 24 horas del día en los cheniles, si no hay voluntarios dispuestos a sacarlos a pasear.
Las deficiencias vinculadas a la concesión han sido tales que PSOE e IU-P-AV plantean llevar a los tribunales la adjudicación del servicio de recogida de animales a la empresa “Esprineco”. Una polémica que trae cola, y que ya hace más de diez años que supuso manifestaciones para no entrar a formar parte de ciertos municipios, como San Pedro del Pinatar (Murcia).
Por desgracia, las ciudades grandes no tienen más suerte. Hace unos días, eran despedidos ocho empleados del equipo de comportamiento canino del CAACB de Barcelona, avisándoles que no se subrogarían los servicios a la nueva empresa que prestará el servicio (Help Guau).
Los extrabajadores consideraban que es posible que los perros de difícil adopción que, poco a poco, han ido desapareciendo de las instalaciones del centro municipal se hayan trasladado a las instalaciones de Help Guau. También alertaban, para Metropolis Digital, que se habían hecho sacrificios en el pasado y que el despido atendía a las denuncias por prácticas «poco éticas». Asimismo, «Los empleados sostienen que la empresa tiene un «monopolio de subcontrataciones» que permite trasladar a los animales más difíciles de adoptar fuera del circuito de adopciones.»
Esta tendencia de adjudicar la gestión de centros municipales de protección animal a empresas privadas ha generado controversias en varios municipios de España, más allá de los casos de Lorca y Barcelona: en Palencia, el ayuntamiento enfrentó críticas por la gestión «deficitaria» de la protectora (octubre de 2024) por parte de la empresa Scooby. Informes de veterinarios municipales y la Policía Local señalaron múltiples irregularidades, incluyendo animales sin microchip, falta de vacunas y uso de productos caducados. A principios de 2025, el problema traía cola.
Pese a la controversia, Fermín Pérez, responsable de Scooby, señalaba en sus declaraciones algo de capital importancia:
[…] o cambia mucho el planteamiento del ayuntamiento o el futuro de la Protectora puede peligrar, de hecho, no está en su ánimo volver a presentarse y recuerda al equipo de Gobierno que «los servicios municipales debe costearlos el Ayuntamiento y ahora mismo el contrato no da para cubrir el servicio».
De igual modo, el año pasado, la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz decidió asumir temporalmente el control del servicio de protección y recogida de animales, gestionado por la empresa Athisa, debido a «incumplimientos graves». Una situación que parece que ha encontrado cierto alivio en el municipio, debido al tamaño del mismo y el número de perros perdidos, rescatados y adoptados. Por desgracia, a medida que se buscan casos sobre los servicios de recogida y gestión de animales, toda España sigue igual.
En cualquier caso, estamos ante un problema grave, que la Ley de Bienestar Animal no ha podido solventar, por ahora, y que siempre encuentra dos puntos fundamentales: falta de presupuesto y grandes empresas privadas. Estas últimas, además, se han impuesto como la alternativa real (o la única opción) cuando el voluntariado no alcanza. Un modelo deficitario, que no funciona en colonias felinas, y todavía menos en la recogida y gestión de perros, que sigue en cifras récord en todo el país.
Lo que muestran los casos de Lorca, Barcelona, Palencia o Cádiz no son simples fallos puntuales, sino síntomas de un modelo de gestión profundamente deficiente. La externalización de los servicios de recogida y gestión de animales abandonados se ha convertido en la norma en buena parte del país, sin que existan mecanismos efectivos para garantizar el bienestar animal ni una fiscalización real sobre las empresas adjudicatarias.
En la práctica, la licitación pública se convierte en una carrera a la baja, donde gana quien ofrece el servicio más barato, no quien mejor cuida a los animales. Las administraciones, muchas veces con presupuestos ajustados, optan por adjudicar a empresas que reducen costes a costa de personal, infraestructura, alimentación, veterinaria o programas de adopción. Y cuando las condiciones empeoran, son las asociaciones, voluntarios y ciudadanos quienes intentan llenar el vacío. (La ley, además, contempla que esta tarea puede hacerlo el municipio o las empresas privadas, a menudo, sin alcanzar unos mínimos de bienestar.)
Las grandes empresas se han convertido en proveedoras habituales de estos servicios, creando una lógica de subcontratación en cadena, sin transparencia y con escaso control por parte de las autoridades. Mientras tanto, el papel del voluntariado, que fue clave en los inicios de muchas protectoras, queda relegado, supeditado o directamente excluido. El resultado es un sistema en el que el bienestar animal pasa a un segundo plano, y los perros, gatos y otros animales abandonados se convierten en una «carga» que —casi— se gestiona con lógicas de mercado.
La Ley de Bienestar Animal, a pesar de su enfoque preventivo (no debería permitir algo así), no ha conseguido aún reformular este modelo, ni dotar a los municipios de los recursos necesarios para implementar alternativas públicas, éticas y sostenibles. En Madrid, la FAPAM advertía hace un par de años que, si se dejan de recoger animales y realizar trabajo voluntario, se colapsa el sistema. Esto no es una amenaza, sino una dura realidad. Tampoco ha puesto freno a los abusos, las malas prácticas ni la opacidad con la que operan algunos de estos servicios externalizados.
En un país donde las cifras de abandono siguen siendo altísimas año tras año, urge un debate de fondo: ¿deberían estos servicios ser realmente públicos? ¿Debe el Estado asumir directamente la gestión del bienestar animal? ¿Y qué papel deben jugar las protectoras, los técnicos municipales y la ciudadanía?
Hoy, muchos animales siguen esperando respuestas en jaulas, sin salir a pasear, sin unos mínimos de bienestar, sin futuro. Y mientras los concursos se suceden y los contratos cambian de manos, nadie asume la responsabilidad real de protegerlos.
Hace casi una semana que se nos cayó un pino en la cabeza. Uno muy grande. Y llevo un mes
Los perros también pueden tener pequeños desajustes gastrointestinales como diarreas puntuales, estreñimiento o gases. Añadir probióticos específicos para perros es