Queremos lobos, pero que no molesten. Ese parece el eslogan de Vox, PP, Junts y EAJ-PNV, que pretendían dejarlo hoy desprotegido en Castilla y León. Y lo han conseguido (por desgracia). Mañana, quizá en España entera. El objetivo es aprovechar una enmienda vinculada a la Ley de Desperdicio Alimentario que permitiría volver a cazar lobos. Una actividad prohibida desde 2021, cuando se incluyó al lobo ibérico en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial).
Los titulares en los medios son duros, como corresponde. El País no ha dudado en lanzar el siguiente: El Congreso vota sobre la protección del lobo, teñido de política y disfrazado por el PP de un problema de desperdicio alimentario. El lobo es una especie clave en los ecosistemas ibéricos, actúa como regulador natural de las poblaciones de hervíboros y contribuye a un equilibrio ecológico.
La reciente polémica se centra en tratar de desproteger al lobo por un resquicio legal (rocambolesco, como poco). La justificación que presentó el PP relaciona los ataques de lobos al ganado y el desperdicio de carne resultante. Se estima que generan «cuatro millones de kilos de carne» desperdiciada por año.
Pese a todo, la controversia no fue suficiente para que el Senado la aprobase (con el apoyo de PP, PNV, Junts, Vox y UPN). En estos momentos, está en trámite en el Congreso de los Diputados, donde hoy se decidirá si garantizar la protección del lobo o poner por delante intereses económicos.
En cifras, el consumo actual de carne en España es de 2.215 millones de kilos por año (es decir, el desperdicio de carne atribuido al lobo representa solo el 0,18 % del consumo total anual). En este sentido, WWF y otras ONG en defensa de los animales han pedido a PNV y Junts, que no respalden la propuesta, que pretende recuperar la caza al norte del río Duero y, posteriormente, extenderla a toda España cuando se modifique la Directiva Hábitats.
Los colectivos ecologistas han advertido que desproteger al lobo ibérico es un sinsentido. Las manadas no están recuperadas, y la caza puede afectar gravemente a la estructura social de los animales. Varios estudios, como los de la Universidad de León y ASCEL, apuntan que se necesitaría reducir un elevado porcentaje de lobos para que esto tuviese sentido (afectando a los hábitats y a la especie, en general), a la vez que podría aumentar el número de ataques a ganado (no reducirlos).
Ecologistas en Acción ha señalado que eliminar la protección del lobo sienta un precedente peligroso para la conservación de otras especies en riesgo. Para expertos como Juan Carlos Blanco (Iniciativa Europea para Grandes Carnívoros), el aumento de las manadas (un 8 % en una década: de 179 a 193) no puede ser excusa para tomar medidas drásticas. Devolver la gestión de la especie a las autonomías, en este caso, parece un paso atrás.
La decisión final sobre la desprotección del lobo en Castilla y León está pendiente de la votación en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, la comunidad científica y conservacionista continúa pidiendo que se mantengan las medidas de protección actuales para garantizar la supervivencia de la especie, que cumple un papel indispensable en el medio natural.
Para cerrar el artículo, quizá debamos asumir que se nos ha vendido que el malo es el lobo, pero, si lo miramos con más detalle, puede que los verdaderos villanos sean los intereses económicos. Y hoy, también ciertos políticos, que pretenden votar contra natura, una vez más.
Foto: De Arturo de Frias Marques – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36546315
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