Estas semanas (más bien, meses), he estado hablando con distintos perfiles del mundo animal sobre la necesidad de profesionalizar los perfiles técnicos. En el mundo canino, en la gestión de fauna urbana, en las campañas públicas… da igual donde mires, este es un debate que se ha ido aplazando décadas.
El discurso típico es: no hay dinero. Y agarrándonos a esto, se devalúan servicios, se retrasan modificaciones y se carga el peso en el voluntariado. Sin embargo, el trabajo voluntario no puede ni debe asumir tareas propias de personas con formación específica. Pretender lo contrario no solo perpetúa una precariedad estructural, sino que mantiene a España en un modelo de tercer nivel.
El voluntariado tiene un límite
La mayoría de educadores/s (y etólogas) con los que me siento, me cuentan lo mismo. No colaboran en protectoras o centros municipales. Por descontado, como particular, puedes ir a pasear perros, «criar» camadas de gatitos o echar una mano en la limpieza o el mantenimiento. En realidad, ese no es el problema de fondo.
El problema de fondo, como ya he mencionado, es que faltan perfiles técnicos.
De eso he hablado muchas veces con mi amiga Helena Castro, de Bewoof. No es extraño que perfiles técnicos se formen en protectoras; tampoco que un porcentaje se quede vinculado a ellas. Pero resulta difícil poder colaborar desde un perfil técnico que no ha crecido en el seno de uno de estos centros: porque necesitan intervención en problemas de comportamiento, pautas de enriquecimiento, análisis de conducta que no te llevan 10 minutos, precisamente.
La cara buena de todo lo que te estoy contando es que, en España, existe un movimiento animalista con una base muy potente de personas altruistas. Sin embargo, ese esfuerzo no puede ser excusa para dejar en manos de voluntarios responsabilidades críticas como el manejo de animales en refugios, la educación, la gestión sanitaria, o la toma de decisiones ante situaciones de riesgo.
Un voluntario no tiene por qué tener conocimientos técnicos ni asumir labores profesionales.
Lo contrario no es compromiso: es precarización.
El voluntariado no puede suplir estructuras
En otras áreas de interés público —como la limpieza viaria, el control urbano o la seguridad— no esperamos que ciudadanos sin formación cubran huecos estructurales. En cambio, lo hemos normalizado en el ámbito animal. Asumimos que «el amor por los animales»puede justificar la falta de un pago justo, y esto es una bola de nieve: si no hay dinero, hay menos posibilidades en tiempo, formación y especialización, entre otros aspectos.
Seamos claros. Las cosas se mantienen, suele decirse, porque la Administración sabe que nadie va a coger, abrir la puerta de las protectoras de media España y dejar salir a todos los perros y los gatos recogidos. No obstante, esto omite algo importante: en quién recae la responsabilidad real.
Si habéis sido voluntarios o miembros de una asociación, sabéis que, pese a las buenas intenciones, y una nueva ley de bienestar animal (que sigue a medias) hay administrativos, funcionarios, policías, y la lista podría alargarse, que no conocen bien ni sus competencias ni los protocolos. ¿Cuántos municipios siguen sin una recogida efectiva o esterilización de gatos? ¿Sin recogida de perros en la vía urbana? ¿Con infraestructuras del siglo XIX?
El coste de no profesionalizar perfiles técnicos
Todo lo anterior, supone actuar en base a «prueba y error» o desde la buena voluntad, pero sin formación suficiente. El problema de fondo es que el coste de este error lo pagan los animales y los centros, los voluntarios, las asociaciones. Pocas (o ninguna) vez, la Administración. Son las personas quienes se queman, hipotecan su salud o quedan desbordados en tareas para las que no pueden llegar por mero altruismo.
Con Inma Yugueros, de Infocergatos, hablaba hace un tiempo de que el principal problema de la profesionalización es la inversión, pero también subvertir la suerte de statu quo que hay en organizaciones y centros. Profesionalizar perfiles puede traducirse en comprobar que, al frente de muchos centros, no están las personas más formadas, ni aptas; a veces, ni tan siquiera, aquellas con mayor vocación. Sin embargo, controlaría e incluso ayudaría a resolver uno de los principales problemas: el voluntariado no se mantiene en el tiempo, o rara vez lo hace.
Lo que se traduce en dos realidades que todos/as los que llevamos años vinculados conocemos: (1) gente muy quemada, que incluso suelta sapos y culebras sobre la falta de compromiso todo el tiempo (como modo de gestionar esa frustración), y (2) gente que lo deja, rotación de personal, perfiles que se van y vuelven. Y la idea de compromiso: que hasta cierto punto es contraria a la responsabilidad institucional.
Ojalá no se malinterprete el párrafo anterior. Cualquier acto altruísta sostenido en el tiempo, implica un compromiso y una responsabilidad (individual y compartida), pero la realidad de las protectoras y asociaciones es que se convierten en trabajos gratuitos para subsanar las carencias del propio estado. Algo que las nuevas leyes pretendían solucionar, pero solo en papel: sin mecanismos efectivos, ni reglamentos, ni directrices. ¿Es solo culpa del Gobierno que ha intentado lanzar la ley? Lo dudo. Como prueba, ahí tenemos los recortes entre los socios (la enmienda socialista sobre perros de caza) y los tiempos que se manejan, que con toda probabilidad iremos hacia el final de legislatura y un «pasar de puntillas» por lo que pudo ser.
La dignificación pasa por regular, formar y remunerar
Decía Pepe Rubianes: «El trabajo es la hostia.» ¿Os acordáis? «El trabajo dignifica, el trabajo limpia, pule, da esplendor… ¡el trabajo es la hostia!» No tanto, ya lo sabemos, pero sí que se necesita una formación técnica regulada y estructuras que dignifiquen esta actividad.
No se trata solo de pedir más formación: se trata de reconocer, remunerar y sostener a quienes hacen del cuidado animal su profesión. Asociaciones como Más Que Guau ya han puesto sobre la mesa esta exigencia: formación, regulación y profesionalización como ejes del cambio. La realidad es que, incluso estos perfiles, quedan absorbidos por la dinámica institucional; se les invita a dar una ponencia sobre manejo para policías, o sobre gestión del CER.
Parches, pequeños gestos.
El melón gordo, el que interesa, aún está ahí por abrir.
Y está claro por qué: abrir este debate implica tensiones, y resulta complicado cambiar una estructura que se ha normalizado a lo largo de varias décadas (de suceder algo así, el que escribe no es muy optimista sobre lo que tardarían las famosas amenazas, y lo digo con todas las letras, de un «sacrificio cero ya no es sostenible», por ejemplo). Pero llega un momento en que hay que decir basta: las protectoras, las asociaciones y los proyectos CER no pueden sostenerse exclusivamente sobre la generosidad ciudadana. El bienestar animal es un bien común, y debe ser tratado como tal por instituciones y administraciones.
En pocas palabras, el compromiso ciudadano es valioso, pero no puede ser la base de un sistema que exige conocimientos técnicos, estabilidad y visión a largo plazo. Es hora de profesionalizar las estructuras de protección animal, con recursos, con formación… y con dignidad. ¿Cómo hacerlo bien? Eso es otra historia, porque va para largo… pero invirtiendo pasta y preguntando a los que llevamos décadas en esto sería un buen comienzo.

