Por qué alquilar con perro sigue siendo tan difícil en España
Hace casi una semana que se nos cayó un pino en la cabeza. Uno muy grande. Y llevo un mes
La Federación Europea de Veterinarios (FVE) ha lanzado una petición clara: que todos los perros y gatos en la Unión Europea sean identificados y registrados de forma obligatoria. El objetivo (la obligación de identificar perros) es ambicioso, pese a la urgencia: reducir el abandono, mejorar el bienestar animal y permitir un control sanitario efectivo.
Sin embargo, mientras Europa debate esta armonización legal para todos los estados miembro, España ya recoge esta obligación en la Ley de Bienestar Animal, pero… ¿se cumple? La realidad es que la obligación de identificar perros falla (mucho) en la práctica.
Como comentábamos, en verano, en relación al Informe Affinity 2024:
«Entre los animales que llegan a protectora, solo el 27 % de los perros y el 4 % de los gatos estaban identificados con microchip. En el caso de los gatos, ese porcentaje encaja con la situación de las colonias felinas y los gatos comunitarios.»
La identificación con microchip, que se acompaña de un registro actualizado, permite conocer el origen y la situación de cada animal. Todo ello, facilita la acción de veterinarios, administraciones y cuerpos de seguridad en casos de pérdida, abandono, maltrato o incluso robos. Sin embargo, la realidad europea es fragmentaria: cada país tiene sus propios requisitos, plazos y bases de datos.
El resultado es una trazabilidad parcial y, en muchos casos, ineficaz, como señalaba el FVE a principios de abril de 2025.
De igual modo, se ha hecho hincapié que, sin una obligación común, el abandono seguirá siendo un problema estructural y que los programas de adopción transfronteriza podrían implicar riesgos sanitarios si no hay garantías adecuadas. En España, la obligación de identificar perros es una buena muestra de las dificultades de centralizar obligaciones, sistemas y datos.
El uso del microchip es obligatorio, desde hace años, en la mayoría de comunidades autónomas. La la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales refuerza esta exigencia. Desde septiembre de 2023, las familias no solo están obligadas a identificar a perros y gatos (entre otros animales), sino también a mantener actualizados sus datos en el registro correspondiente.
Sin embargo, hay varios problemas:
En primer lugar, los registros fragmentados de la REIAC (Red Española de Identificación de Animales de Compañía), que actúa como nodo común, pero cuya información sigue siendo de competencia autonómica. Esto genera duplicidades y falta de acceso rápido a los datos en algunos casos. Junto al Real Decreto (en proceso), se está trabajando en un registro centralizado, cuya principal dificultad es el alcance de la medida que se ha planteado de forma transversal (varios registros en uno y no escalable, según parece).
De igual modo, hay una falta de inspección y control por parte de las administraciones, que no suelen contar con controles sistemáticos para comprobar si los animales están correctamente identificados, ni se cuenta con el apoyo (y control) de los trabajos veterinarios. En pocas palabras, contacto y análisis del día a día veterinario sobre la identificación (como si se ha hecho desde el Ejecutivo para cuestiones relacionadas con la Ley del medicamento (RD 666/2023).
Por último, faltan campañas de concienciación (o estas son escasas), para informar a los tutores de cómo actualizar los datos y las implicaciones prácticas de no hacerlo.
En teoría, no identificar a un perro o gato es una obligación de la Ley de Bienestar Animal (artículo 26) y, por lo tanto, se pueden entender como infracciones leves (según la normativa estatal) o más graves (según la autonómica) si no tiene microchip, con riesgo de incurrir en sanciones económicas de diferente cuantía, que no superan (la mayoría de las veces) los 500 euros. No obstante, hay iniciativas (como esta, en Pontevedra) que señalan un coste máximo de 5.000 euros.
En la práctica, estas multas solo se imponen cuando se produce un hecho posterior (un abandono, un ataque, un accidente), por lo que no existe un sistema preventivo real de control. En muchos municipios ni siquiera hay inspectores de bienestar animal. La identificación funciona, por tanto, como una obligación legal con escasa aplicación real. Un registro centralizado puede ayudar a acceder a datos con mayor rapidez, pero no parece tener relación directa con el control y las medidas preventivas (concienciar, alertar) y punitivas (multar, sancionar) que se están llevando a cabo, puesto que la mayoría de perros se mantienen fijos en una comunidad autónoma, y no van saltando entre municipio y municipio.
Como siempre, una mayor conciencia global (o europea) puede ayudar a combatir el abandono y fomentar la tenencia responsable. En España, no obstante, estaría bien empezar por consolidar aquello ya aprobado:
En conclusión, la ley está escrita, y en (teoría también en) funcionamiento, pero mientras no se aplique la obligación de identificar perros y gatos, miles de ellos seguirán siendo invisibles hasta que ocurra algo grave.
Hace casi una semana que se nos cayó un pino en la cabeza. Uno muy grande. Y llevo un mes
Los perros también pueden tener pequeños desajustes gastrointestinales como diarreas puntuales, estreñimiento o gases. Añadir probióticos específicos para perros es