FAADA denuncia la muerte de un perro abatido a tiros por la Guardia Urbana de Tarragona
El pasado domingo, un perro fue abatido a tiros por agentes de la Guardia Urbana de Tarragona en la autopista
La convivencia de los perros en las ciudades genera problemas por culpa de aquellos tutores incívicos que no recogen los excrementos. Alrededor de 80 municipios españoles están empezando a multar haciendo test de ADN a las cacas de perros abandonadas en la vía pública.
Esta medida pretende amedrentar a los irresponsables e incluso se plantea utilizarla contra el abandono, pero¿es realmente eficaz?
Los municipios implantan la normativa y, a continuación, dan un plazo para que los guías puedan acudir al veterinario a tomar una muestra de ADN de su perro. Posteriormente, esa muestra se envía a laboratorio y se asocia el resultado con el chip del animal en cuestión.
Existen dos empresas principales dedicadas al análisis de estas muestras: ADN canino y Can-ID. Entre ellas, se reparte casi todo el mercado de este nuevo negocio con los ayuntamientos.
El precio de este examen de material genético ronda los 40 €, aunque muchos consistorios deciden financiarlo parcial o totalmente durante los primeros meses para incentivar que la gente lo haga. Por otro lado, las multas por no recoger los excrementos en la calle varían en función de la ordenanza municipal, pudiendo ir desde los 60 a los 1.500 euros.
Málaga fue pionera en poner en marcha esta especie de DNI genético en 2018 en su urbe. Además de mejorar la limpieza de las calles, argumentaba que también lo hacía para disminuir la tasa de abandono. Las sanciones se duplicaron de 2018 a 2019, alcanzando las 100, una cifra bastante irrisoria en comparación con el número de perros que viven en la ciudad. No obstante, todavía se estima que alrededor de un 20 % de los canes siguen sin tener asociado el ADN a su número de chip.
En la actualidad, unos 80 municipios han implementado o están en trámites para implementar esta medida. El listado completo más actualizado lo han hecho nuestros compañeros de Pipper On Tour, pero estas son algunas de las principales localidades:
También se han unido pequeños municipios de las comunidades autónomas de Aragón y Baleares.
En cuanto a la recogida de excrementos, la Ley de Bienestar Animal dice lo siguiente:
e) Evitar que los animales depositen sus excrementos y orines en lugares de paso habitual de otras personas, como fachadas, puertas o entradas a establecimientos, procediendo en todo caso a la retirada o limpieza de aquellos con productos biodegradables.
Por lo tanto, el test de ADN en excrementos de perros no es obligatorio a nivel nacional. Es, simplemente, una medida que dependerá de la ordenanza municipal de cada ayuntamiento. De hecho, en Xàtiva, el concejal de Medioambiente puso en marcha la creación de un censo canino obligatorio para controlar las heces y, posteriormente, creó la empresa de ADN canino, una de las principales que gestionan estos test genéticos en España.
La respuesta corta es que no, ya que no es algo implantado a nivel estatal. Es más, aunque la ley obliga a identificar al animal en España, la práctica falla, por lo que parece poco viable que se sustituya en el futuro por algo diferente. De hecho, también se quería implantar un registro estatal centralizado para los animales de la familia, pero todavía queda mucho por avanzar.
Tanto ADN canino como Can-ID anuncian en sus sitios web que este DNI genético puede ayudar a encontrar al perro en caso de pérdida. Sin embargo, apenas hay casos en los que se haya utilizado el ADN para encontrar al propietario. De hecho, no parece que vaya a sustituir al chip, ya que el perfil genético del animal se asocia directamente al número de identificación del chip para tener localizada a la persona responsable del can.
Por otra parte, las empresas también consideran que esta medida puede ayudar a reducir el abandono, ya que aunque se le extraiga el chip al perro, el ADN estaría asociado a su tutor durante la campaña de control.
En definitiva, no parece probable que sea algo que se vaya a estandarizar a nivel estatal, puesto que depende mucho del presupuesto que cada consistorio quiera dedicar a este programa. Además, la identificación con microchip sí que es obligatoria y todavía existen miles de perros y gatos que siguen sin llevarlo en nuestro país.
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